El policía acusado de violencia de género fue separado del cargo pero sigue en libertad

El sargento ayudante de la Policía del Chaco, Juan Alejo Almirón, acusado de violencia de género y de la privación ilegítima de la libertad de su expareja durante 16 horas, fue apartado del cargo y se le retiró el arma reglamentaria.


Así lo confirmó el jefe de Policía, Gustavo Peña, quien aclaró que el hombre sigue en libertad por decisión del fiscal. Si se comprueba que incurrió en faltas graves, podría ser expulsado de la fuerza.

El jefe de la Policía del Chaco, comisario Gustavo Peña, explicó que Almirón, afectado a la Unidad Especial de Bomberos en Charata, estuvo detenido por las denuncias de violencia de género y privación ilegítima de la libertad en su contra, pero luego recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía que investiga el caso.

"Estuvo detenido por esta causa judicial, recuperó su libertad, pero administrativamente está suspendido en sus funciones. No está trabajando. Fue apartado del servicio y se le retuvo el arma de fuego como corresponde en estos casos", señaló Peña.

"Va a seguir suspendido en sus funciones, ligado a la causa judicial. La situación procesal de él está a cargo del fiscal que interviene en la causa. Administrativamente, conforme a los protocolos de intervención se han adoptado los recaudos pertinentes y hoy este hombre está apartado de su cargo, con entrega del arma de fuego reglamentaria", agregó el jefe policial.

Consultado si es normal que una persona que comete este tipo de delitos siga en libertad, dijo que la decisión de dejar libre al uniformado "es una potestad exclusiva y excluyente del fiscal de investigación penal". "La policía lo que hace es intervenir, detener a la persona en caso que corresponda y ponerla a disposición del fiscal. El tiempo que lleva privado de su libertad o su situación procesal depende del fiscal. En este caso estuvo detenido y después recuperó su libertad", explicó Peña.

Pero igual, nosotros administrativamente tenemos que tomar los recaudos legales correspondientes. Por eso fue apartado del cargo y se le retiró el arma reglamentaria", reiteró. El jefe de Policía aclaró que juzgamiento en lo administrativo que realiza la fuerza de seguridad es independiente de lo que decide la Justicia.

 

Si yo, como responsable de la policía, determino en las actuaciones administrativas que esta persona incurrió en una falta gravísima a la institución, al decoro, hacia otras personas, a mí la reglamentación me autoriza a tomar medidas, pero esto es independiente de lo que determine la justicia", sostuvo Peña.

 

Sin apresurar un juicio, el jefe de la policía tiene las facultades suficientes para tomar una determinación, en forma independiente a lo que resuelva la Justicia", agregó.

 

Ante una consulta sobre el tiempo que, en este sentido, puede demandar una decisión del jefe de la policía, Peña señaló: "Lo que demande la instrucción. Pueden ser 20 días. Acá hay que ir reuniendo pruebas. Hay que buscar elementos probatorios que van a la par de lo que se va recogiendo en el ámbito judicial. Esos elementos, declaraciones, pericias y testimoniales, sumado a las pericias psiquiátricas y médicas, van a determinar la responsabilidad o no del empleado. Y en caso de ser faltas gravísimas, el reglamento nos habilita a tomar medidas expulsivas."

El hecho que involucra al sargento ayudante Almirón tomó estado público cuando Mariano González, vecino de Charata y hermano de la víctima, denunció que el uniformado había golpeado salvajemente a María Mercedes González el domingo 26 de julio pasado y que a raíz de los golpes la mujer debió ser internada en el hospital local. Dijo, además, que Almirón la mantuvo secuestrada entre 13 y 16 horas en su propio domicilio.


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Publicado el 06/08/15


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