Es ley “antidoping” obligatorio para agentes y aspirantes de las Fuerzas de Seguridad

El Parlamento chaqueño aprobó el examen toxicológico para este sector de funcionarios públicos. Cuando el resultado sea positivo en agentes activos, se los separará de la Fuerza hasta tanto se desintoxiquen y rehabiliten.


Mientras que en el caso de aspirantes en proceso de formación y de quienes hayan aprobado exámenes de ingreso, serán dados de baja de manera automática.

La diputada justicialista Elda Pértile abordó el proyecto del Ejecutivo, el 1934, y brindó precisiones sobre los alcances de la normativa que plantea la obligatoriedad de instituir un sistema de control obligatorio de examen toxicológico a agentes de las Fuerzas de Seguridad, para verificar el consumo de sustancias psicoactivas. La Ley se sancionó por amplia mayoría legislativa, frente al voto en cartera del diputado Daniel Trabalón del Frente Grande. Mientras que Cambiemos y Libres del Sur votaron positivamente en general, y pidieron su reserva en Presidencia para abordar con mayor profundidad su análisis en particular.

El examen regirá para quienes estén en actividad, se aplicará en forma aleatoria, y también a aspirantes que hayan aprobado el examen de ingreso para el reclutamiento como personal superior y subalterno, y a quienes estén en plena etapa de formación. El examen toxicológico estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Provincia del Chaco, tendrá carácter reservado y será realizado por las autoridades designadas con la supervisión de la Dirección de Salud Ocupacional.

Cuando el resultado sea positivo para agente en funciones habrán cinco días hábiles para que el implicado o implicada exija una contraprueba. Y de acreditarse dicho resultado, deberá someterse a un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, y en paralelo, un régimen de licencia de las fuerza; sin arma reglamentaria, ni credencial, ni en actividad relacionada a su función de Policía. En caso de rebeldía, será dado de baja.

En tanto, los aspirantes cuyo resultado arroje positivo, no podrá incorporarse, aún cuando hubiera aprobado exámenes. Y quienes lo estén cursando, serán dados de baja de manera automática.

Las expresiones en el Recinto

Tras el abordaje de la diputada Pértile, su par Rubén Guillón, celebró la iniciativa a partir de mencionar actividades recreativas que se desarrollaron en el interior provincial, oportunidad en la que jóvenes "dieron testimonios desgarradores". Repasó estadísticas de un informe publicado días a atrás por un matutino, que sostiene, entre otras cosas, que 4 de cada 5 jóvenes consideran que le sería fácil acceder a drogas ilegales; 3 de cada 4 tiene a alguien en su entorno que consume; también altos porcentajes en cuanto a conocer puntos de venta y distribución; y cifras que ligan a punteros políticos y a policías con el flagelo.

"Esto es un logro muy importante, pero faltan otros", cuestionó Guillón y apuntó a avanzar para que el examen obligatorio llegue a todos los funcionarios públicos. Roy Nikisch y Ana María Canata, por Cambiemos, manifestaron que la Comisión de Salud solicitó tratar en una jornada el 8 de junio, el resto de los proyectos vinculados a la temática. Luis Obeid, por el PRO, habló de los exámenes toxicológicos que ya se hacen en Buenos Aires y que se extenderán hacia las federales. Pidió que no se estigmatice a las Fuerzas de Seguridad y también que no se lleven estos exámenes al ámbito de lo político. Aclaró que no se trata de un estudio que tenga un fin punitivo sino más bien de detección y abordaje desde el punto de vista sanitario. "No estamos cazando a nadie sino tratando de dar un marco de contención.

Debemos tener una mirada sanitaria, solidaria y de dar la mano a quien tiene un problema". Carlos Martínez, por Libres del Sur, señaló que si "está amparada por garantía constitucional como actos privados exentos de las autoridades y magistrados, esto hay que debatirlo". No obstante ello, manifestó: "Nadie quiere que un policía esté ebrio o bajo efectos de sustancias psicoactivas y se debilite en sus funciones".

Comparó la normativa que rige en Buenos Aires con la que se abordó este miércoles en el Recinto, y señaló lo positivo de que esté involucrada la academia en el estudio que se hacen a las fuerzas bonaerenses, marcando esa falencia en la local. Pidió un tiempo prudente para estudiar en detalle la normativa por algunos "cabos sueltos" que no dejan claro si "vamos a ir por el lado punitorio o precautorio. Yo no quiero disminución de las facultades, pero quiero que se hagan bien las cosas. Es un tema complejo", dijo y mocionó para tratarlo en dos sesiones. Daniel Trabalón, por el Frente Grande, remarcó que puede tomarse el texto también para otras áreas de Gobierno.

"Por eso es importante lo que estamos sancionando hoy", destacó. Lamentá que el debate no se haya prolongado con la participación también del Ejecutivo y cuestionó los grises de una normativa que se completará recién con el decreto Parlamentario. "Faltan precisiones", cuestionó al margen de compartir los criterios generales.

Y, finalmente, mocionó por su vuelta a comisión, conjuntamente a la de Salud y la de Legislación General, atento a la necesidad de esclarecer las cuestiones observadas, incluso, "las debilidades de la política de la provincia para con la atención a las personas con problemas de adicción". Ricardo Sánchez recordó un proyecto previo para el estudio de rinoscopía, que se ajustaba sólo al consumo de cocaína y celebró que se amplíe el espectro en ese sentido. "Hoy establecemos un sistema de control obligatorio para las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco, no sólo a la policía sino también al servicio penitenciario".

"Tratándose de una persona que lleva un arma debemos garantizar todas las medidas para su recuperación", afirmó. La justicialista Celeste Segovia, legitimó también el proyecto como la respuesta a "una demanda social" luego de haber tomado estado púbico "casos de policías conduciendo en estado de ebriedad y de toxicomanía; es necesario", afirmó y recalcó que "en este caso, el derecho a la intimidad no se encuentra vulnerado". Obeid, con indices en manos, aseguró que el problema más grave sigue siendo el alcohol".

Y posteriormente Gustavo Corradi, por el interbloque Cambiemos, tomó los cuestionamientos de Trabalón y Martínez y mocionó por la sanción de la ley en general, su mantenimiento en Presidencia y luego el tratamiento en particular. Cerró Hugo Ságer y reconoció que falta debate por dar, sobre todo para ampliar la normativa al resto de los funcionarios públicos.

 


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Publicado el 18/05/17


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