La provincia del Chaco enfrenta un momento crítico en su historia financiera. El gobierno de Leandro Zdero ha tenido que cumplir con compromisos de deuda heredados de administraciones pasadas, esto, dicen desde el oficialismo, está poniendo en jaque las finanzas públicas y la capacidad del estado para atender necesidades esenciales, como el pago de salarios a los docentes, culpando a Capitanich y Peppo.
El peso de la deuda: un legado comprometedor
El reciente pago de casi 40 millones de dólares, correspondiente a la cuarta cuota del Bono Internacional, evidencia la pesada carga que han dejado las gestiones de Domingo Peppo y Jorge Capitanich.
Esta deuda, contraída bajo el gobierno de Peppo en 2016, se destinó a cancelar sentencias judiciales y fue emitida en un contexto que, aunque complicado, podría haber manejado de otra manera si se hubieran utilizado recursos locales.
Según el gobierno de Zdero, esto no solo se trata de cifras; detrás de estos números hay realidades humanas.
Con casi 160 millones de dólares desembolsados en un año y medio, el gobierno de Zdero ha tomado la responsabilidad de honrar compromisos que no generó, pero que ahora impactan directamente en la capacidad de la provincia para invertir en áreas críticas, como educación y salud.
Jorge Capitanich y Domingo Peppo, ex gobernadores acusados por Zdero de
ser los generadores de una pesada deuda para la provincia del Chaco.
La improvisación financiera de gestiones anteriores
La falta de pago de la deuda por parte de Peppo y Capitanich es alarmante.
Ninguno de ellos honró sus compromisos estratégicos, dejando al actual gobierno con la pesada carga de afrontar pagos anuales de cerca de 80 millones de dólares.
Este desmanejo financiero no solo afecta a las arcas provinciales, sino que también pone en riesgo la reputación financiera de Chaco. Así, la decisión de reestructurar la deuda en lugar de pagarla como se debía llevó a sobrecostos millonarios que ahora son un lastre en las finanzas provinciales, insisten desde el Ejecutivo Chaqueño actual.
Consecuencias Directas: la Cláusula Gatillo en riesgo
Una de las consecuencias más preocupantes de esta situación es la incapacidad de implementar la Cláusula Gatillo, que permitiría ajustar los salarios de los docentes según la inflación.
Sin los fondos necesarios, el gobierno se ve obligado a priorizar el pago de la deuda por encima de las necesidades salariales de los educadores, lo que puede generar descontento social y una crisis en el sector educativo.
La difícil realidad de que “no queda ni para comprar agua” resuena con fuerza entre los funcionarios de la actual administración.
La falta de inversión en áreas básicas, como la educación y la salud, debido a la carga de la deuda, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la provincia y la calidad de vida de sus habitantes, insisten referentes del oficialismo.